lunes, 7 de septiembre de 2009

CARTAGENA/ La empresa de las salinas de Marchamalo sólo devolverá el 10% de las ayudas que recibió durante cuatro años sin actividad

La Comunidad pide a la compañía de los promotores Alfonso García y Mariano Roca reintegrar 13.500 euros de las subvenciones que le concedió del 2004 al 2007
07.09.09 - JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ CARTAGENA / La Verdad
En abril pasado, la Comunidad Autónoma dijo que veía «poco probable» exigir a la empresa Salinas de la Manga S. L. devolver 135.000 euros de subvención porque del año 2004 al 2007 incumplió el convenio de mantenimiento de la actividad de extracción de sal y conservación del humedal de Marchamalo, en Cartagena. Cinco meses después, el Gobierno regional ha decidido reclamar a la empresa propiedad de los conocidos constructores y promotores inmobiliarios del municipio Alfonso García y Mariano Roca que reintegren a las arcas públicas el 10% de la ayuda total. Es decir, sólo 13.500 euros.
«Ésa es la parte proporcional de la subvención que corresponde a las tareas de extracción de sal. El resto del convenio se refería a garantizar la conservación del humedal permitiendo la circulación permanente de agua entre las salinas y el Mar Menor y dragando el canal. Y en esto, la empresa ha cumplido bien.», explica a La Verdad el director general de Patrimonio Natural y Biodiversidad, Pablo Fernández.
Fue la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) la que denunció en el Juzgado de Instrucción número 3 de Cartagena y a través de este diario que la empresa salinera incumplió el convenio y un protocolo adicional con la Comunidad, y que ésta pasó por alto su deber de control.
A partir de un convenio firmado en 1997, el Gobierno regional fue renovando y actualizando la cuantía de las subvenciones a la compañía de García y Roca.
Denuncia de ANSE
Entre los incumplimientos detectados por ANSE estaba el protocolo rubricado el 29 de diciembre del 2006 por Roca y el entonces consejero de Medio Ambiente, Benito Mercader (su predecesor, Francisco Marqués, firmó dos convenios similares). Al hacerse pública la denuncia la empresa dijo que recibía el dinero público sólo para vigilar, y justificó su falta de actividad porque no tenía empresas interesadas en comprarle la sal.
El director general dijo en abril que en los informes técnicos anuales de la Comunidad no se habían detectado anomalías, pero se comprometió a revisar de nuevo la «letra pequeña» del convenio.
Reintegro total por «fraude»
Ahora, Pablo Fernández dice que la Comunidad ha comprobado que «no se miraba la letra pequeña». «Los técnicos entendían que el hecho de no extraer la sal era una afección pequeña y que se estaba cumpliendo con el objetivo prioritario, que era garantizar la biodiversidad del humedad. Extraer la sal era una contraprestación para mantener la actividad salinera. Y lo que está claro es que gracias a la colaboración clave de la empresa se ha conservado la biodiversidad del humedal, por ejemplo para la supervivencia del fartet [un pez]», asegura Fernández.
El convenio se firmó, no obstante, para garantizar la tradicional industria salinera y, con ello, conservar el humedal.
ANSE, el PSOE, Izquierda Unida y UPyD han exigido la devolución íntegra de las ayudas, por haber un «fraude». El PSOE también ha pedido la comparecencia en la Asamblea Regional del consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, para explicar la gestión del convenio y el «deterioro» del humedal por la acumulación de sal.

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